“Se vive mucha discriminación en el trato hacia las privadas de libertad. Sólo había una celda para mujeres, no había clasificación entre presas políticas o comunes, poca ventilación, no había atención médica al menos que la persona recluida estuviera en una situación crítica”.
Dianet Blanco, activista por los derechos humanos y ex presa política, vivió eso y mucho más, durante su encarcelamiento de más de un año en la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas.
En el foro realizado el 12 de abril contó que en los centros de detención preventiva las celdas son custodiadas por hombres y no por mujeres. “Allí viene el intercambio de sexo por un derecho, aunque la que está presa lo vea como un beneficio», dijo Blanco y agregó que hacen eso a cambio de visitas, medicamentos o simplemente una salida a tomar sol.
La ex presa política manifestó, además, que ellas por ser mujeres eran excluidas de los llamados “beneficios”, como el acceso al agua potable, a productos de limpieza o a un baño.
“Por los custodios, terminamos renunciando a bañarnos. Usábamos toallas húmedas para limpiarnos y hacíamos las necesidades fisiológicas en bolsas. Todo esto se traducía a enfermedades de la piel y respiratorias”, relató.
Blanco indicó que muchas veces las mujeres ven que los tratos impartidos por sus cuidadores son normales o merecidos. “A la hora de las requisas observaba como eran más violentas con nosotras que con los hombres, nos destrozaban todo, nos revisaban hasta las partes íntimas, mientras que a ellos no”.
Expresó que las pocas encargadas de los cuidados eran mucho más violentas y ofensivas, “incluso más que los hombres», aclaró. Ella no considera que el personal estuviera preparado para el trato hacia las privadas de libertad.
Aun cuando la población penitenciaria de mujeres es mínima, en comparación con la de los hombres, no hay una infraestructura adecuada para mantenerlas retenidas.
La cifra que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) es que en el país hay 33.558 personas presas, de las cuales 2.560 son mujeres, lo que equivale al 7 % de la población penitenciaria. De la totalidad de mujeres en prisión, 82 son extranjeras.
Dice el OVP que, actualmente, existe un hacinamiento de “alto riesgo” de 188,94 %, que sobrepasa el 20 % de la capacidad real instalada.
La información la suministró Humberto Prado, director del OVP y defensor de derechos humanos, en el mismo foro virtual.
En ese espacio, Prado destacó que en Venezuela existe una sola cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda. Mientras que en todo el territorio nacional hay 16 anexos femeninos, seis de ellos con medidas provisionales en los estados Aragua, Monagas, Lara y Mérida.
“El Estado ha hecho caso omiso a los mandatos de la Corte Interamericana y, lamentablemente, las mujeres que están en estas prisiones no son asistidas, pues no se cumplen las medidas provisionales”.
Esto trae consecuencias, alerta, como el incremento del ocio y la propagación de enfermedades. No sólo en las cárceles, también en los calabozos, donde la situación es peor, pues no tienen derecho al sol ni acceso a medicamentos.
Algunas cifras:
Por su parte, Carolina Girón, abogada, activista de DDHH y directora adjunta de OVP, informó que la situación de las mujeres privadas de libertad en las Américas es muy similar: no existe un país -a excepción de México, EEUU, Panamá y Colombia-, que tenga un registro e información de las internas.
Destaca que existe opacidad en la información y a pesar de que existen al menos 12 instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las privadas de libertad, “no son aplicados y muchos menos respetados en los sitios de reclusión”.
Menciona un estudio que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos a propósito de una consulta de enfoque de género sobre personas privadas de libertad en grupos vulnerables en las Américas, y resalta que en esta región las mujeres y niñas representan el 8,4 % de la población carcelaria.
En EEUU es más de 30 %; luego sigue Brasil y México y El Salvador tienen la mayor cantidad de mujeres encarceladas.
“Hay una población de niñas que está encarcelada y está invisibilizada. Hasta 2020, la tasa de encarcelamiento de mujeres subió 53 % con respecto a 2019 y a los años anteriores. Muy diferente al incremento de la tasa de los hombres que estuvo alrededor de 20 %. Esto estuvo relacionado con su participación en la producción y comercialización de sustancias ilícitas y por consumo”.
Cita que el continente americano es el que tiene el mayor número de privadas de libertad: para 2021 308.000; Asia: 263.000 y Europa: 102 mil.
“En Latinoamérica la situación es terrible, esa falta de estadísticas ha influido en la formulación de políticas públicas con respecto a los sistemas penitenciarios. Estos centros fueron creados por hombres y para hombres y se olvidaron de la población de mujeres”.
Magaly Vázquez, secretaria general de la UCAB, individuo de número de la ACIENPOL, también participante en este encuentro virtual, destacó que el sistema penal venezolano no está concebido con una perspectiva de género.
“Una información levantada por la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU reportaba que, en Venezuela, las mujeres son sometidas a violencia sexual, de género, a humillaciones. En un documento de paz del año pasado que recoge algunos datos de 2021, se reflejaba que son objeto de persecución y criminalización. Reportaron 73 casos y, si bien en el informe se reconoce que no fue por motivos de género, se trata de mujeres en cuyos casos sobresalen algunas actitudes discriminatorias, incluso configuran acciones de violencia que sí son basadas en el género”.
Indicó que, aunque se han mostrado avances en la creación de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia en 1999 y que luego fue sustituido por la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de la Violencia, hoy día en Venezuela se sigue viendo la permanencia de un derecho sexista.
Para Vásquez debería existir una investigación de delitos con perspectiva de género, así como juzgar de la misma forma y aplicar la ejecución de la pena con perspectiva de género.
Caracas / Ipys
