El Tribunal Supremo de Justicia anuló este viernes la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que aprobó esta semana la Asamblea Nacional (AN).
En un nuevo episodio del enfrentamiento entre los poderes públicos venezolanos, el máximo tribunal, que es controlado por el gobierno, declaró la “nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos” de la decisión que tomó el 23 de julio el Congreso, de mayoría opositora, de regresar a Venezuela al TIAR, acuerdo del que salió el país suramericano hace seis años.
El anuncio fue dado por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza.
Al leer la sentencia, Mendoza expresó en una transmisión de la televisora estatal que cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado debe ser considerada un “acto hostil a la soberanía” y una “agresión” al territorio y al derecho internacional.
La AN aprobó esta semana el regreso de Venezuela al TIAR, que contempla la asistencia, incluida la militar, ante cualquier agresión, conflicto o situación de riesgo a los países de América. Venezuela salió en 2013 en el marco de una iniciativa promovida por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que por años han mantenido una posición crítica hacia la Organización de Estados Americanos (OEA) y han exigido la reforma del organismo.
El presidente interino, Juan Guaidó, que ha sido reconocido como por más de medio centenar de países, indicó que con el regreso al TIAR la oposición busca la reincorporación plena al sistema interamericano y la atención a la emergencia humanitaria. Aunque el gobierno de Maduro se retiró este año de la OEA, Guaidó ha fortalecido los lazos con ese organismo y designó un representante en el ente regional.
Desde hace varios meses algunos sectores opositores habían exigido a la Asamblea Nacional que aprobara la reincorporación de Venezuela al TIAR para abrir el camino a la conformación de una coalición regional que pudiera sacar a Maduro del poder por la fuerza. Esa opción ha sido descartada por algunos analistas que sostienen que el uso de la fuerza, previsto en el acuerdo, depende de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que China y Rusia, ambos aliados de Venezuela, tienen poder de veto.
El Tribunal Supremo de Justicia y el Congreso mantienen desde 2016 un abierto enfrentamiento que ha implicado la anulación de más de una treintena de leyes y acuerdos aprobados por los congresistas opositores.
Caracas / AP
