Informe Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho en Venezuela: La transformación de El Helicoide deja asuntos pendientes
El anuncio del cierre de El Helicoide y su reconversión en un espacio social no ha supuesto el fin de la detención de presos políticos en ese recinto. El proceso incluyó el traslado de al menos 90 personas a otros centros penitenciarios, mientras organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de intervenir la estructura sin una inspección forense independiente.
El informe Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho en Venezuela, elaborado por Justicia, Verdad y Estado de Derecho, señala que el 30 de enero de 2026 Delcy Rodríguez anunció la clausura de El Helicoide y su reconversión en un centro social y cultural. Posteriormente, el 23 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas informó sobre el inicio de los trabajos de remodelación. Para el 5 de junio se había verificado el traslado de los presos que permanecían en el recinto.
El traslado no implicó la liberación de las personas detenidas por razones políticas. Según el informe, Foro Penal confirmó el traslado de al menos 90 presos políticos desde El Helicoide hacia La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las mujeres fueron llevadas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas. El operativo incluyó un despliegue policial y la suspensión de las visitas de familiares.
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostuvo que la reubicación de los detenidos no constituye una solución al problema de las detenciones por motivos políticos. El informe recoge que, al momento de los traslados, 25 personas que permanecían en El Helicoide y que eran consideradas presos políticos debían ser liberadas de forma plena e incondicional.
El otro punto señalado por el informe está relacionado con la remodelación del recinto. La intervención comenzó sin una inspección forense independiente previa, lo que, según las organizaciones que integran la plataforma Justicia y Verdad, puede afectar la preservación de evidencias relacionadas con las denuncias de tortura.
El Termómetro advierte que la transformación de El Helicoide puede afectar elementos materiales relevantes para documentar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el lugar. JEP planteó que la estructura del centro constituye evidencia forense que debe ser examinada por peritos independientes antes de cualquier intervención.
"El traslado de presos políticos a otro centro de detención no constituye una solución ni representa un avance en materia de derechos humanos", señala el informe al recoger la posición de JEP sobre la reubicación de los detenidos.
La organización Realidad Helicoide también cuestionó la remodelación mientras permanecieran personas privadas de libertad. El documento señala que la reparación a las víctimas requiere preservar el reconocimiento histórico de lo ocurrido y las evidencias materiales relacionadas con las denuncias de tortura.
El informe registra, además, que El Helicoide no es el único centro de detención documentado. No hubo anuncios equivalentes sobre otros recintos como La Tumba, DGCIM Boleíta, Ramo Verde, El Rodeo I y Tocuyito, además de otros centros identificados en 19 estados del país.
Por ello, el Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho en Venezuela calificó el indicador sobre el cierre de centros de detención como "sin avance". El documento sostiene que ningún centro había sido efectivamente cerrado y que, en el caso de El Helicoide, los trabajos de remodelación comenzaron sin una inspección previa que permitiera preservar las evidencias forenses.
La transformación de El Helicoide deja así dos asuntos pendientes: determinar qué ocurrió con las personas que fueron trasladadas y garantizar que las obras no alteren las evidencias que puedan contribuir a esclarecer las denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos registradas en el recinto.
Caracas / Redacción web
